Carta a los senadores

Carta a los senadores

La Jornada, sábado 21 de febrero de 2015

Por: Arturo Alcalde Justiniani

La reforma laboral que de manera encubierta se ha propuesto en el Senado al artículo 123 constitucional apartado B, mediante la cual se cancelan los derechos adquiridos de miles de trabajadores del sector público, ha generado gran indignación. Hasta ahora nadie se hace responsable de su paternidad. Algunos senadores, respondiendo a las protestas de varios dirigentes sindicales, señalan a quien denominan el Senador 129, actual consejero jurídico de la Presidencia y al representante personal del jefe de Gobierno del Distrito Federal, como corresponsables de los textos finales del dictamen relacionado con la reforma política del Distrito Federal, donde se introdujo sorpresivamente esta modificación constitucional. Otros legisladores la imputan directamente a senadores del PRI. Sería conveniente aclarar ante la opinión pública la autoría de estos cambios y conocer sus motivos.

Se habla de una reforma laboral sin precedentes, porque trastoca íntegramente el régimen laboral no sólo de los futuros servidores públicos, sino también a quienes vienen prestando servicios actualmente. De ser aprobados los cambios, tendrían que desaparecer los contratos colectivos que han logrado los trabajadores en diversos organismos públicos, para ser sustituidos por normas unilaterales fijadas por el patrón, denominadas condiciones generales de trabajo. Los empleados de confianza, cada vez más numerosos, perderían los derechos adquiridos en el régimen del apartado A y podrían ser despedidos injustificadamente sin pago alguno.

Al final del dictamen, en un texto que nada tiene que ver ni con la reforma política del Distrito Federal, ni con la exposición de motivos de dicho documento, aparece en la página 466 una modificación al artículo 123 constitucional apartado B, señalando que los organismos descentralizados, que incluyen a los de competencia federal y local, se sujetarán al régimen laboral de la ley que los rija. Además de que en la casi totalidad de estas leyes se señala que debe aplicarse el régimen de excepción del apartado B, la consecuencia de depender de una ley ordinaria puede ser aún más grave, porque el ámbito de los derechos ya no estará garantizado por los principios vigentes en el artículo 123. Por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional Electoral su ley especial señala que todo el personal es de confianza actualizando una clara discriminación. La reforma de paso incluye a los trabajadores de los organismos autónomos en el apartado B, sin ninguna consideración sobre las características de éstos.

Esta absurda reforma ha generado confusión y desconcierto en virtud de su carácter sorpresivo. Se pensó que sólo abarcaría a los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, luego quedó claro que alcanza a todos los organismos descentralizados del país. También se aprovechó esta iniciativa política para imponer a los servidores públicos del Distrito Federal reglas laborales más restrictivas.

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