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Posición de la RIFAPT ante la convocatoria realizada por la STPS para participar en el Foro de Difusión y Consulta en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

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Posición de la RIFAPT ante la convocatoria realizada por la STPS para
participar en el Foro de Difusión y Consulta en Materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

México, D.F. a 19 de enero de 2015.

La Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo, A.C. (RIFAPT) se constituyó con la intención de impulsar el desarrollo de la investigación y la capacitación de especialistas para esclarecer los perjuicios de los llamados “factores del trabajo” sobre la integridad mental de los trabajadores.

Sus integrantes, un conjunto de académicos e investigadores interesados en la temática, asumimos que la población laboral requiere una visión rigurosa de cuanto acontece en sus entornos, de manera que ello contribuya a generar acciones de intervención ante la problemática que, principalmente, es de nuestra incumbencia. En este caso tenemos por objeto de estudio a los llamados “factores psicosociales” ligados al trabajo. Como consecuencia de éstos podemos ubicar a
un conjunto amplio de trastornos mentales asociados a las condiciones laborales.

En los últimos dos años, los trastornos mentales han registrado incrementos entre la población trabajadora. Estudios realizados por miembros de la Red y otros investigadores a nivel nacional e internacional, han encontrado una tendencia creciente de problemas como depresión, ansiedad, trastornos del dormir, violencia laboral mejor conocida como mobbing, distrés ligado a situaciones traumáticas asociadas con accidentes de trabajo e incluso presencia de trastornos cardiovasculares, por mencionar algunos ejemplos de cómo se ven impactadas la
integridad física y mental de los trabajadores. El IMSS ha reportado recientemente la presencia de algún tipo o nivel de estrés en el 75% de la población trabajadora mexicana y señala que el 25% de los infartos se originan por un padecimiento ligado a éste (La Jornada, 2013).

Entre las causas laborales que se han documentado se encuentran: el empleo precario, eventual y por horas que dan cuenta de la inestabilidad laboral, la prolongación de la jornada, la intensificación del ritmo de trabajo y el “outsourcing” o subcontratación, las que se han incrementado como resultado de la contrarreforma laboral a la Ley Federal del Trabajo aprobada en 2012. Como señalaba en septiembre de ese año Oscar Alzaga: …se trata de una reforma que cambia el fondo y la esencia de la ley laboral, que de aprobarse, la ley dejaría de ser tutelar del trabajo, para ser tutelar del capital. Se trata de una iniciativa retrógrada que hace retroceder los
derechos laborales –por tanto, a los derechos humanos- a los tiempos remotos del orden porfirista (Alzaga, 2012).

Con base en esta contrarreforma, se actualiza el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (2014); que señala en el artículo 2º que el objetivo de dicho Reglamento consiste en “establecer las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que deberán observarse en los Centros de Trabajo, a efecto de contar con las condiciones que permitan prevenir Riesgos y,
de esta manera, garantizar a los trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en entornos que aseguren su vida y salud, con base en lo que señala la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 3º numeral IX señala la necesidad de diagnosticar entre otros a los “factores psicosociales”, los cuales se equiparan a los ergonómicos, lo cual es un acto de ignorancia, independientemente de que más adelante ofrezcan una definición diferenciada para unos y otros.

A partir de lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llamó a un foro de difusión y consulta a nivel nacional en octubre del año pasado, para, entre otros objetivos, enriquecer “La Guía para la Identificación, Adopción de Medidas de Prevención y Seguimiento de los Factores de Riesgo Psicosocial; La Guía para lade Riesgo Ergonómico y la Normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 201”; (http://autogestion.stps.gob.mx:8162/AvisoForoDiscusion.html). Documentos que no han compartido de manera íntegra, por lo que es fantasioso aportar un punto de vista fundamentado al respecto.

La RIFAPT consecuente con su postura analítica e independiente, se declara opuesta a la contrarreforma laboral del 2012, por las implicaciones perjudiciales en el trabajo y consecuentemente en la salud de los trabajadores.

Expresamos públicamente la decisión de no participar en los mencionados foros de consulta ya que, además, el mecanismo para la participación se antoja de simulación convalidante, al reducir las intervenciones a un máximo de 5 minutos lo cual es completamente insuficiente para abordar con la profundidad y amplitud los temas a tratar; en particular el caso del Programa “Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo”, adolece de inconcebibles insuficiencias y errores conceptuales, así mismo, se puede notar en dicha propuesta una visión productivista más que de promoción del bienestar de los trabajadores. Si realmente hubiera la voluntad política de impulsar el desarrollo humano y propiciar bienestar emocional, este programa se tornaría inútil bajo la actual política laboral, que no garantiza las condiciones mínimas de empleo y seguridad en el trabajo. Sin embargo, en la asamblea se llegó al acuerdo de que si los miembros de la Red desean participar lo pueden hacer a título personal.

Junto con ello se pretende implantar el programa Solve (Paquete de formación para abordar la prevención de los riesgos psicosociales y la promoción de la salud y el bienestar en el trabajo a través del diseño de políticas y su aplicación) de la Organización Internacional del Trabajo (Mesa Redonda A del programa) como la única opción para la evaluación de los “factores psicosociales” en el trabajo cuando en el mundo existe una amplísima variedad de metodologías para dicho
fin.

En virtud de lo necesario que es atender la nocividad respecto a los aspectos psicosociales en el trabajo y que sean legalmente reconocidos en el país, invitamos a todos quienes han sido convocados a esta consulta a que reflexionen sobre la pertinencia de su participación y evalúen si con tal formato pudieran aportarse ideas en beneficio de los trabajadores, o con ello sólo se busca el aval para justificar lo que ya está decidido desde las altas esferas del poder.

Todo parece una simulación más, semejante a las escenificadas recientemente, para convalidar las contrarreformas que el titular del Ejecutivo ha impulsado en sus primeros dos años de gobierno.

Atentamente

Red de Investigadores Sobre Factores Psicosociales en el Trabajo

Firman:
Jorge Ignacio Sandoval Ocaña
Susana Martínez Alcántara
Amilcar Torres Ortiz
Germán Gómez Pérez
María Adriana Cecilia Cruz Flores
Claudia Sánchez López
Mireya Zamora Macorra
Teresa Gutiérrez Alanís
Nereyda Valdovinos
Javier Quintero Medina
Luis Manuel Pérez Pantoja
Carlos Raymundo Martínez Pérez
Luis Manuel Fernández Hernández

Estrés ocasiona pérdidas por 16,000 mdp a empresas mexicanas

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La tendencia en programas enfocados al manejo del estrés ha tenido un incremento importante dentro de las empresas, donde el 55% de las compañías encuestadas ha puesto en marcha políticas de horarios flexibles y oficina en casa.

Por Fernanda Celis / Forbes México.
Mayo 5, 2016 @ 11:31 am

Link: https://www.forbes.com.mx/estres-ocasiona-perdidas-16000-mdp-empresas-mexicanas/

Los problemas psicosociales en el trabajo (como los es el estrés, la fatiga crónica, ansiedad, acoso laboral, entre otros) ocasionan pérdidas por 16,000 millones de pesos (mdp) anuales en el sector productivo del país, de acuerdo con datos citados por la firma consultora AON.

En la presentación de la Encuesta de Salud 2016, dirigida a las más de 400 empresas de la cartera de la compañía, Mónica Ham Alvarado, directora Adjunto de Siniestros BPE, señaló que los factores psicosociales y su repercusión en la salud de los trabajadores ha cobrado relevancia en la última década.

De acuerdo con el estudio, la tendencia en programas enfocados al manejo del estrés ha tenido un incremento importante dentro de las empresas, donde el 55% de las compañías encuestadas ha puesto en marcha políticas de horarios flexibles y oficina en casa para disminuir dicha problemática.

Los problemas de tipo psicosocial ocasionan complicaciones como cáncer, infartos al miocardio, accidentes laborales, y molestias en columna o rodillas.

“Los dolores de cabeza, el asma, la caída de cabello, los problemas en la piel, musculares y de articulaciones son los males más comunes que desencadenan el estrés laboral, sumado a los desequilibrios emocionales que se manifiestan en mala calidad de sueño, ansiedad, depresión, preocupación excesiva y desconcentración”, señala la encuesta.

Por otra parte, Nilda Cabra Lagunes, directora Técnico de Beneficios para Empleados, señaló que el 86% de las empresas participantes tiene una iniciativa de salud.

“La salud ocupacional y su gestión es un tema que atañe directamente a las empresas. A pesar de los avances en materia de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, todavía es necesario desarrollar conciencia sobre la importancia de la salud y bienestar dentro de las empresas. Hoy la salud es una responsabilidad colectiva para el control de las enfermedades relacionadas con el trabajo y el estilo de vida”, indicó.

En 2011, participó el 30% de los clientes de la consultora en dicho estudio y en 2015 fue el 55% en toda la República Mexicana, donde el giro con mayor impulso en las actividades de bienestar fue el de comercio, y alimentos y bebidas.

Mesa Directiva de la RIFAPT

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MESA DIRECTIVA
(Gestión 2017-2020)

MSO. Luis Manuel Pérez H. Pantoja
Presidente

Mtra. Flora Verónica Salas Cisneros
Secretaria Administrativa

Dra. Mireya Zamora Macorra
Tesorera

Dr. Jorge Andrés Kohen
Secretario de Relaciones Públicas e Investigación

Dra. Taís Bleicher
Secretaria de Educación

Mtra. Claudia Sánchez
Secretaria de Informática y Publicaciones

Como en el 85, costureras quedaron bajo los escombros

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En las calles de la colonia Obrera, los vecinos sacan escombros del edificio de cuatro pisos que se vino abajo con un número indeterminado de personas.
POR: SOFÍA SÁNCHEZ MORALES
FOTO: JESÚS ALMAZÁN

 

“Nos dijeron que nos echáramos un taco porque ya en 15 minutos entramos de nuevo”, dice José, voluntario que pertenece al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mientras espera con casco y chaleco en una larga fila de hombres frente a un carro en cuya cajuela aguardan tacos de canasta y refrescos.

En la esquina de Bolívar y Fray Servando, los voluntarios y especialistas se preparan para recorrer la larga calle que los lleva a Chimalpopoca, donde una fábrica textil se redujo a escombros con un número desconocido de personas adentro.

La confusión y los rumores reinan. Vecinos señalan que decenas de personas se encontraban en el edificio al momento del derrumbe.

Como si del temblor de 1985 se tratara, las costureras de Chimalpopoca quedaron atrapadas bajo los escombros porque para salir de sus estaciones debían presentar sus huellas digitales.

“Mientras temblaba, la fábrica seguía en pie. Yo iba por la calle y la vi, pero cuando llegué al techo de mi edificio, unos minutos después, se empezó a derrumbar”, afirma Mario, vecino de la zona cuyo edificio sobrevivió ya a los dos temblores más mortíferos que han azotado la ciudad.

En el temblor de hace 32 años, un edificio de costureras se derrumbó con cientos de mujeres adentro, pues las encerraban por fuera. El caso llevó a que el sindicato de costureras tomará el nombre 19 de septiembre.

La mañana de este viernes, los perros continúan buscando. Las autoridades en el lugar creen que aún podría haber dos personas vivas.

Hasta la noche de este jueves, 21 cadáveres fueron rescatados del inmueble, incluyendo mujeres asiáticas, lo que ha despertado la sospecha entre activistas de que trabajaban de forma ilegal como costureras.

Además de la fábrica textil, versiones extraoficiales indican que había una fábrica de juguetes y una tienda de ropa en el primer piso. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta versión.

Vecinos, el brazo fuerte

Junto al edificio de 4 pisos, se mantiene en pie una escuela secundaria que, de acuerdo con una fuente del gobierno de la Ciudad de México que pidió no ser identificada, está a punto de derrumbarse.

Todos los alumnos, maestros y personal administrativo fueron evacuados. Algunos padres de familia piden que se les deje pasar por las mochilas de sus hijos sin tener conocimiento sobre las condiciones que tiene el inmueble por dentro.

Más de 500 hombres trabajan para sacar escombros, autos aplastados, cuerpos y sobrevivientes. Las autoridades tomaron el control de la zona y organizan a los vecinos en las labores, lo que ha causado molestia entre quienes estuvieron ahí desde el primer momento.

“Mi nieta estudia en esa secundaria. Desde el primer momento en el que el edificio cayó, los vecinos están aquí y ahora las autoridades los tratan como chalanes”, se queja Diana, vecina de la zona.

Los cimientos podridos del boom inmobiliario

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El mercado inmobiliario de la Ciudad de México es un negocio multimillonario y al parecer imparable, cuyos cimientos legales y técnicos están podridos. Organizaciones ciudadanas y de colonos han denunciado desde hace años que algunas constructoras, en complicidad con autoridades del gobierno central y las delegaciones, se saltan las medidas de seguridad, vialidad y de riesgo del subsuelo con tal de construir barato y vender caro.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El pasado martes 19, como hace 32 años, un sismo removió la Ciudad de México. Pero si en 1985 salieron afectadas 2 mil 850 edificios y 15 mil viviendas tuvieron que ser derrumbadas, el reciente ha dejado hasta ahora un saldo de 3 mil 848 edificios con daños estructurales, muchos de fecha reciente y cuya construcción ha sido denunciada por ilegalidades cometidas supuestamente con el aval de instancias de gobierno local como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y las jefaturas delegacionales.

 

Link: http://www.proceso.com.mx/505019/los-cimientos-podridos-del-boom-inmobiliario

El boom inmobiliario que experimenta la ciudad de México, sobre todo en zonas que se pusieron de moda como las colonias Roma, Condesa, Santa María la Ribera, Portales, Del Valle, San Rafael, San Pedro de los Pinos, además de Anáhuac y Granada –llamadas “Polanquito” o “ampliación Polanco” para ganar plusvalía–, tiene su origen en el año 2000, cuando el entonces jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, emitió el bando 2 que permitía la construcción de edificios en cuatro demarcaciones con la idea de hacer crecer la ciudad de manera vertical.

Posteriormente la medida se amplió a toda la ciudad con las normas emitida por los siguientes gobernantes, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.

Las principales constructoras de vivienda beneficiadas con estas normas son Hir Casa, Baita, Grupo Posadas y Del Parque, Grupo Frisa, Gap Inmobiliaria y el Grupo Danhos. Este último ha desarrollado alrededor de 1.5 millones de metros cuadrados primordialmente de espacios comerciales y de oficinas de “calidad premier”, incluyendo algunos proyectos residenciales.

Danhos es una de las constructoras más favorecidas por el gobierno capitalino desde 2001, cuando Elvira Daniel Kabbaz Zaga, hija de José Daniel Kabbaz, director general de grupo Danhos, comenzó a trabajar como asesora jurídica de Alejandra Barrales y luego con Andrés Manuel López Obrador como directora de Servicios de Transportes Eléctricos.

Ese corporativo es responsable de la construcción de las plazas comerciales Parque Alameda, Parque Delta, Parque Duraznos, Parque Cuicuilco, Parque Tezontles, Parque Linda Vista, Reforma 222 y la Torre Bicentenario II. Pagan por impuesto predial alrededor de 150 millones de pesos anuales.

Gap Inmobiliaria es otra de las constructoras favorecidas. En su página señala que tiene 38 proyectos en la Ciudad México, Querétaro, Toluca y Pachuca con un total de 9 mil departamentos, de los cuales mil 400 están en proceso. Construyó asimismo ocho proyectos con 400 viviendas en la capital del país entre 2014 y 2016, y está edificando otros siete conjuntos con 800 viviendas.

Su filial City Towers es responsable de los enormes edificios en la delegación Benito Juárez, donde el exdelegado del PAN, Jorge Romero, es investigado presuntamente por estar detrás de este negocio inmobiliario con otras empresas como Rouz, que hace dos años construyó los condominios Emperadores II, en la colonia Portales, dañados con el reciente sismo.

Josefina Mac Gregor, directora de la red Suma Urbana, cuenta con un estudio donde se registran más de 4 mil edificios ilegales que han generado una ganancia de 200 mil millones de pesos para los desarrolladores de vivienda, quienes tramitaron permisos para casas de interés social pero las vendieron como de ingreso medio y alto, a familias que en su mayoría solicitaron créditos hipotecarios.

“Desde hace muchos años nosotros hemos tratado no únicamente de que se cumpla la ley –sostiene Mac Gregor–, porque es ignorada de la manera más impune en términos de construcción en la Ciudad de México, tanto por autoridades locales como delegacionales; sino también hemos pugnado para que las leyes se hagan cada vez mas de acuerdo con la realidad natural de esta zona.

“Hemos logrado una gran visibilidad, pero desafortunadamente en la Asamblea Legislativa lo que hemos encontrado es una protección de los intereses inmobiliarios por muchos delegados se vuelven asambleístas y por las mismas autoridades delegacionales, que no tienen un razonamiento real de desarrollo urbano y de protección del ciudadano”.

Entrevistada durante una pausa de sus labores de evaluación de daños en algunas construcciones, Mac Gregor señala:

“Si se levanta un edificio que utiliza documentación apócrifa o que viola la ley en términos de densidades, ¿qué autoridad va a estar rectificando que se cumpla con la protección civil? ¡Nadie! De entrada, si la documentación es falsa o apócrifa y está denunciada, ¿cómo voy a determinar correctamente un edificio y revisarlo de manera correcta cuando de origen mi manifestación de construcción o mi certificado único de significación y uso del suelo vienen viciados porque no son correctos?”

Corrupción y dinero

De acuerdo con estadísticas oficiales, en la Ciudad de México existe un déficit de un millón 350 mil viviendas y en los últimos siete años se han construido 300 mil. Pero no todas ofrecen garantía de seguridad y legalidad.

La agrupación civil Obra Chueca, que se dedica a denunciar irregularidades en la construcción de edificios, elaboró un mapa en el cual se aprecia que la mayor parte de los desarrollos inmobiliarios irregulares están en las delegaciones donde los sismos de 1985 y el reciente tuvieron mayor impacto: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Xochimilco.

Ignacio Cabrera, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México, denunció el lunes 18, el día anterior al del sismo, que los desarrolladores de vivienda destinan entre 30 y 50% del costo total de los trámites a “mordidas” para las autoridades.

Mac Gregor, también integrante de Obra Chueca, señaló como principales responsables de la corrupción a las autoridades delegacionales, así como a la Seduvi y el Invea, igual que a diversas constructoras que han violado la norma 26, la cual autoriza la construcción de vivienda popular pero los empresarios la venden a precios altos y medios.

–¿Cuáles serían las principales irre-gularidades que se detectarían en esos miles de construcciones?

–Este es un momento de apoyo y solidaridad. Ahorita vamos a hablar no de las construcciones dañadas sino de las ilegales. Vemos que un porcentaje importante no cumple con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, s una ley donde dice qué se puede hacer y qué no en cada delegación, de acuerdo con sus riesgos, estructuras y vialidades.

Explica que ese programa tiene carácter de ley y se publicó en la gaceta oficial. Para construir, cualquier persona tiene que solicitar a la Seduvi un Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo (CUZUS).

“Al recibir la solicitud de construcción de un particular –explica Mac Gregor, Seduvi tiene que verificar que lo que está presentando la persona como notificación sea lo que se pide en el programa. Si se confirma, le entregan su certificado y después tiene que ir con él a la delegación que recibe el proyecto de construcción, la cual tiene la obligación de verificar que se cumpla en la práctica. Es decir, la delegación está obligada a volver a revisar el programa delegacional, del cual es responsable, y ver en la práctica que el constructor cumpla con lo que dijo”.

Es ahí donde suelen empezar las ilegalidades: “Encontramos violaciones brutales a la norma, en las cuales la manifestación de construcción que autoriza la delegación y el CUZUS que autoriza Seduvi no son lo que hay en la práctica. Últimamente encontramos muchos casos en los que tanto la delegación como la Seduvi les dicen a los solicitantes: te voy a entregar dos certificados, uno de lo que quieres hacer y otro de lo que no se puede hacer, así que si hay una denuncia yo digo que no te di la autorización.

“Lo que sucede es que todas las normas que deberían cumplirse, como la seguridad estructural, vialidad, atlas de riesgo, son ignoradas por proyectos que se terminan exitosamente y se venden, pero jamás cumplieron los requisitos de protección civil. Esa es una de las violaciones más graves que estamos viendo.

“El porcentaje de los que han violado la norma 26 de interés social es muy alto; detectamos más de 4 mil 500 edificios ilegales porque supuestamente eran de interés social y popular, pero son de precios medio y alto. Ninguno de sus constructores fue sancionado por la autoridad”.

Concluye: “Hay muchos involucrados: Seduvi, los verificadores del Invea, la delegación… Al final tenemos un edificio cuya certeza jurídica no existe, porque no se siguieron las normas para su construcción. No se sabe hasta qué punto se violaron otras normas, pues ninguna autoridad puede palomear que está bien, porque finalmente es ilegal. Es un programa grave de la ciudad”.

El Atlas de Riesgo, un secreto 

El Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, que el gobierno capitalino guarda como si fuera un secreto de Estado, contiene información especializada sobre el tipo de suelo en cada zona y los peligros que implica construir en algunos por la posibilidad de sismos, inundaciones, desbordamientos de ríos y otras catástrofes.

Al menos 113 ciudadanos han solicitado mediante la Ley de Transparencia que se les entregue dicho atlas, pero la Secretaría de Protección Civil, a cargo de Fausto Lugo García, ha contestado que dicha información “está reservada” y que únicamente tendrán acceso a ella quienes acrediten “interés jurídico”.

Mac Gregor explica que ese documento es la interpretación de un grupo de expertos que establece la probabilidad de que suceda una catástrofe si se rebasan determinados límites y cómo se incrementa el grado de esos riesgos.

Sostiene que todo ciudadano debería tener esta información, vital a la hora de comprar un departamento o una casa, a fin de saber si en el área no se ha rebasado el límite de seguridad de la construcción y entonces tomar decisiones. No obstante, advierte: “Si tenemos leyes que nos permiten excepciones o tenemos autoridades que permiten violaciones a la ley, el ciudadano ya no sabe si está en condición de riesgo”.

Señala que el gobierno capitalino antepone el criterio económico a la seguridad del ciudadano y que el desarrollo urbano no debería ser discrecional. Recuerda que en noviembre del año pasado el gobierno de Mancera emitió unas excepciones muy fuertes para el reglamento de construcciones, que tiene que ver con la protección civil y la seguridad. En dichas excepciones, por ejemplo, se elimina la necesidad de que el consultor tenga un seguro de responsabilidad civil.

“Eso es un daño bestial para la ciudadanía. Miles de familias han comprado departamentos en zonas donde ignoran si el suelo es el idóneo para un edificio de varios pisos”, indica.

Mancera informó que hasta el jueves 21 se habían reportado 3 mil 848 edificios afectados, la mayoría con daños menores y “algunos en riesgo estructural”. Algunos de éstos son de reciente construcción, como el Real San José, en la colonia Portales, que consta de seis pisos y 24 departamentos, o el condominio Emperadores, de la constructora Rouz, con 18 departamentos. Ambos tienen severos daños y han sido desalojados.

Muchos de los nuevos edificios dañados se construyeron al amparo de una argucia legal contemplada en la Ley de Desarrollo Urbano, que se llama “instrumento de potencialidad”.

“La transferencia de potencialidad se ha utilizado de manera brutal, sin ningún control: no se sabe quien autorizó ni cómo lo hizo, a quién le pagaron ni si al autorizar se hicieron los estudios para ver si los pisos adicionales eran factibles o no en la zona”, señala Mac Gregor.

“Es una de las herramientas que más ha utilizado el gobierno actual para esos grandes desarrollos que vemos en Reforma y en la colonia Granada, a un lado de Polanco. Es una herramienta sin protocolo, sin controles ni transparencia en el manejo de fondos, donde hay una enorme corrupción. No hay una bitácora de las transferencias de potencialidad otorgadas, no se exige un estudio del subsuelo antes de construir los pisos adicionales; sencillamente se vende un permiso de construir más alto y punto”.

Entonces, advierte, “si alguien tiene un suelo urbano que es operado de esta manera, no es de sorprender que cuando la naturaleza impone sus límites, en algunos casos el resultado sea el que estamos viendo”.

Este reportaje se publicó el 24 de septiembre de 2017 en la edición 2134 de la revista Proceso.

OMS: Salud de los Trabajadores

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Los riesgos para la salud en el lugar de trabajo, incluidos el calor, el ruido, el polvo, los productos químicos peligrosos, las máquinas inseguras y el estrés psicosocial provocan enfermedades ocupacionales y pueden agravar otros problemas de salud. Las condiciones de empleo, la ocupación y la posición en la jerarquía del lugar de trabajo también afectan a la salud. Las personas que trabajan bajo presión o en condiciones de empleo precarias son propensas a fumar más, realizar menos actividad física y tener una dieta poco saludable.

Además de la atención sanitaria general, todos los trabajadores, y particularmente los de profesiones de alto riesgo, necesitan servicios de salud que evalúen y reduzcan la exposición a riesgos ocupacionales, así como servicios de vigilancia médica para la detección precoz de enfermedades y traumatismos ocupacionales y relacionados con el trabajo.

Las enfermedades respiratorias crónicas, los trastornos del aparato locomotor, las pérdidas de audición provocadas por el ruido y los problemas de la piel son las enfermedades ocupacionales más comunes.

Para más información visite:
http://www.who.int/topics/occupational_health/es/

 

 

Proclama RIFAPT

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Proclama Congreso Factores Psicosociales 2014

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Participantes del 2º Congreso de las Américas sobre Factores Psicosociales, Estrés y Salud Mental en el Trabajo, realizado del 14 al 17 de octubre en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, ante la atmósfera de agresividad homicida que el contubernio gobierno-crimen organizado han tendido en el país, en particular el secuestro múltiple  en Ayotzinapa y la masacre en Iguala, que han engendrado indignación internacional como entre población mexicana, manifestamos:

i) nunca solaparemos la normalización o naturalización de la agresión institucionalizada, coludida con la operación del crimen organizado, que hace blanco especialmente en población joven en condiciones de pobreza.

ii) los asesinatos múltiples y la ausencia de castigo, muestran con crudeza el grado de Estado fallido que padecemos, cuyo combustible y lubricante son la corrupción mercantilista de las instituciones de justicia.

iii) asimismo indigna el alud de información sesgada, parcial, engañosa de los altos funcionarios, difundida mediante la mayoría de los medios de información.

iv) es en extremo preocupante el clima de atemorizamiento, desamparo, apatía, silenciamiento y conformismo contemplativo que buscan implantar tanto el estado como la alta delincuencia, propalando versiones incriminantes de los normalistas secuestrados, como: “seguro ellos se lo buscaron”,  “son terroristas”, “son  guerrilleros”, o “ni son estudiantes…”

v) exigimos al estado la presentación con vida de cada uno de los estudiantes normalistas secuestrados, la  renuncia del gobernador de Guerrero, de su Procurador, la captura de Abarca exalcalde de Iguala, y castigo  a  quienes ordenaron disparar contra los normalistas.

Sólo el combate contra la impunidad de personajes encumbrados del gobierno, y condenando la violencia agresiva, saldremos de esta atmósfera crecientemente opresiva.

¡¡¡Vivos se los llevaron; vivos los queremos!!!

Red de Investigadores en Factores Psicosociales en el Trabajo, A.C.

Posicionamiento frente a la iniciativa para reformar los artículos de la Ley Federal del Trabajo referentes a la Tabla de Enfermedades de Trabajo.

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Apreciables integrantes de la RIFAPT:

Una vez más diputados priístas y sus cómplices de otros partidos políticos atentan contra los derechos de las trabajadoras y trabajadores; esta vez aprobando una iniciativa para reformar los artículos de la Ley Federal del Trabajo referentes a la Tabla de Enfermedades de Trabajo.

Siguiendo con el viejo estilo priísta el “nuevo PRI” da a conocer su iniciativa a fines de la semana pasada y el día de ayer martes 21 de febrero fue aprobada con la oposición del PRD y MORENA, con 303 votos a favor, 10 abstenciones y 86 en contra.

Ante ello la Mesa Directiva se ha sumado a la inconformidad expresada por el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical y el Instituto de Estudios Obreros “Rafael Galván”. El día martes 21 se publicó en el Correo Ilustrado del periódico la Jornada un posicionamiento sobre el asunto de compañeros académicos de la Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores y la presidencia de la RIFAPT.

Considerando que la salud en el trabajo es núcleo general de la existencia de nuestra Red, en los siguientes días algunos integrantes participaremos en las acciones que se están programando y suscribiendo los documentos de denuncia y demandas que correspondan a este asunto.

Jorge Ignacio Sandoval Ocaña

Presidente de RIFAPT

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